La Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) y Aliadas en Cadena, presentaron en Aragua, Mérida, Maracaibo, Barquisimeto y Caracas los resultados del estudio sobre las condiciones legislativas, institucionales y sociales para el reconocimiento, protección y ejercicio de los Derechos y la Salud Sexual y Reproductiva en Venezuela.
La jornada de resultados , en el marco del proyecto: «Hacia una construcción colectiva de políticas públicas en derechos y salud sexual y reproductiva», financiado por la Unión Europea, estuvo a cargo de los investigadores, Belkys Lugo, consultora del proyecto por Aliadas; quien presentó el marco metodológico bajo el cual se realizó la investigación. Magdymar León Torrealba; Coordinadora General de AVESA; mostró los resultados en relación al reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos; el embarazo adolescente y la violencia contra la mujer para cerrar con Alberto Nieves, Director de ACCSI, quien expuso los resultados en relación a VIH/SIDA y Diversidad Sexual.
Entre los resultados más destacados encontramos que: 73% de los encuestados considera que es perdonable cuando se atenta contra la mujer por celos, 71% de los encuestados considera que la mujer debe solicitar autorización a su pareja para continuar estudios, 70% consideran que las personas con VIH deben notificarlo al optar por algún empleo, un 74% cree que el Estado debe legislar para obligar a las mujeres que viven con VIH a esterilizarse y por último y un 37% considera a las personas con VIH como una amenaza. En tema de diversidad sexual, un 66% de las personas encuestadas dijo que si tuviese un hijo transexual no lo rechazaría, un 75% de los encuestados opinó que si tuviese un hijo homosexual no lo rechazaría, Un 76% afirmó que si tuviese una hija lesbiana no la rechazaría, sin embargo, un 74% no acepta el matrimonio igualitario en Venezuela.
Algunas de las conclusiones y reflexiones más importantes de la jornada señalan la necesidad de incluir a la educación sexual como un tema de política de Estado y resaltan que en temas de discriminación sobre Derechos Sexuales, más que tener un marco legal es necesario tener un marco social de aceptación.
